El informe anual PRODHEG destaca una eficiencia de 88.5 por ciento en resolución de expedientes de queja.
León, Gto. 14 abril 2022. (Al Instante).- En su informe anual, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG); destacó que en el último año, se señalaron 761 autoridades como probables responsables de la violación de derechos humanos.
De las autoridades señaladas, 390 son del ámbito estatal, 267 en el municipal y 104 que no eran competencia de la PRODHEG.
Las autoridades estatales que tuvieron mayor número de señalamientos fueron el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público con 79; Agencia de Investigación Criminal con 74; Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública con 43; Secretaría de Salud con 35; personas servidoras públicas adscritas a otras áreas de la FGE con 31; Secretaría de
Educación con 26; Poder Judicial del Estado con 15 y personas servidoras públicas adscritas a la Representación Gratuita con 11.
Los municipios con más quejas recibidas fueron León con 125, que representa el 16.98 por ciento; Guanajuato 27 es decir el 3.67 por ciento; Celaya 22 que representa el 2.31 por ciento, Irapuato 17 es decir 2.99 por ciento y San Miguel de Allende con 13 que representa el 1.77 por ciento.
La autoridad municipal que tuvo el mayor número de señalamientos en las quejas recibidas fue Seguridad Pública con un total de 207.
De acuerdo con el informe, en los últimos dos años aumentaron en un 96 por ciento las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Policía del gobierno de León; al pasar de 57, en el 2020; a 112, en el año 2021.
El gobierno de León encabeza las quejas con 125, Guanajuato con 27, Celaya con 22, Irapuato con 17 y San Miguel de Allende con 13.
En total se concluyeron 652 expedientes de queja, es decir, una eficiencia de 88.50 por ciento en el número de quejas.
De los 652 expedientes, 338; fueron concluidos por sobreseimiento, 186 por acuerdo de no admisión, 91 por incompetencia, 31 por resoluciones de recomendación y 6 por resoluciones de no recomendación.De los 338 sobreseimientos, en 147 expedientes se generó una solución del conflicto, a través de la conciliación de los intereses de las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables.
Lo anterior, representó un incremento del 80.20, respecto al 2021.
En su informe, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, destacó que se iniciaron 65 expedientes de queja en contra de personal adscrito a los diversos Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La PRODHEG resalta que en el 2021 se recibieron 16 quejas de mujeres víctimas de violencia por razón de género, una más que en el 2020 que fue de 15.
El procurador indicó que, de las 736 quejas recibidas, se obtuvo un total de 815 hechos violatorios de derechos humanos.
De esta manera se abrieron expedientes, entre ellos, 271 por ejercicio indebido de la función pública, 137 por violación al derecho a la integridad física, 124 por violación al derecho a la seguridad pública, 67 por violación al derecho a la libertad personal, 19 por violación al derecho al trato digno, 15 por acoso laboral, 13 por violación a los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, 3 por tortura, uno por acoso sexual.
En el último año, la PRODHEG emitió 31 recomendaciones, donde se reconoció a 70 personas como víctimas; siendo 64 con el carácter de víctimas directas y 6 como víctimas indirectas.
Las resoluciones consideraron 97 medidas orientadas a la reparación integral del daño.
Las personas reconocidas en las 31 resoluciones de recomendación fueron 49 mujeres y 21 hombres dando un total de 70 personas.
La PRODHEG destacó que el 20 de abril de 2021 emitió la Propuesta GeneralPDHEG/01/2021, en la que con el objetivo de tener una mejor protección de los derechos humanos en el Estado y los 46 municipios del Estado, se recomendó la aprobación de un
reglamento que garantice el ejercicio del derecho humano a la manifestación, con perspectiva integral de derechos humanos, la cual fue aceptada y en vías de cumplimiento por 40 municipios, siendo rechazada por Atarjea, Santa Catarina, Pénjamo, Tierra Blanca, San Diego de la Unión y Xichú.
La Propuesta resalta que el derecho a la manifestación pacífica, es un mecanismo por el que las personas pueden disfrutar y ejercer una serie de otros derechos como la libertad de expresión, de opinión, libertad de asociación, libertad de reunión pacífica, y el derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos; ya que la manifestación pacífica también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Está es la primera ocasión que el informe se envía con firma electrónica al Congreso del
Estado.
