Congreso de Guanajuato obligado a eliminar beneficios a padres que sometan a sus hijos a terapias de conversión.

Guanajuato, Gto. 26 mayo 2026. (Al Instante).- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó un artículo del Código Penal de Guanajuato que impedía encarcelar a los padres o tutores que obliguen a sus hijos a someterse a “terapias de conversión”, para modificar su preferencia sexual o identidad de género.

Tras el fallo de la Corte, el Congreso de Guanajuato tiene que eliminar los beneficios que les daban a los familiares y la opción del «consentimiento» de la ley, por lo que a partir de ahora cualquier padre o tutor que obligue a un menor a estas terapias irá directo a prisión.

Además, los diputados locales están obligados a volver a sentarse a trabajar para redactar correctamente el artículo.

Para ello, ya se anunció una nueva iniciativa que busca emparejar la ley estatal con la federal y que servirá también para corregir el olvido que tuvieron de proteger en el texto a las personas mayores de edad.

“Expresar mi total respaldo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó claro que en Guanajuato no puede existir ningún tipo de tolerancia frente a prácticas que vulneren la dignidad, la integridad y los derechos humanos de nuestras niñas, niños, adolescentes y personas en situación vulnerable», manifestó la diputada local Miriam Reyes.

Para las organizaciones civiles, las porciones normativas eliminadas por la SCJN representaban un debilitamiento de la protección a las víctimas.

“Viene la Corte, nos da la razón otra vez y le dice a Guanajuato que no puedes tener sanciones tan endebles contra padres y madres de familia independientemente del parentesco…Ponen el grito en el cielo de decir cómo ya los padres no pueden ayudar a sus hijos. Bueno, no han entendido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas no se puede modificar de manera externa con terapias», apuntó Nayeli Tello, representante de la Red de Acompañantes.

Por su parte, la diputada Sandra Alicia Pedroza, de Movimiento Ciudadano, el dictamen aprobado, a finales de 2025, en el Congreso Local, reflejó la única vía que encontró la Comisión de Justicia para avanzar, pero puntualizó que este escenario forma parte de una constante en el Congreso local ante los derechos civiles.

“Es la historia que lamentablemente ha estado siguiendo el Congreso del Estado de Guanajuato donde sigue habiendo resistencia para reconocer derechos y para garantizarlos. Lo vimos con el tema de matrimonio igualitario… Lo estamos viendo también con el tema del aborto que la Corte tiene que venir a decir ‘oigan, ya este… garanticen los derechos de las mujeres'», concluyó Pedroza.