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Diputados de Guanajuato aprueban exhorto para hacer justicia a guanajuatense preso en Tlaxcala.

Familiares de Pedro estuvieron presentes en la sesión. (Foto LN).

Guanajuato, Gto. 20 junio 2024. (Al Instante).- El Pleno del Congreso del Estado exhortó a diversas autoridades y organismos para se de seguimiento al caso penal contra Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, originario del municipio de San Felipe, Guanajuato, preso en Tlaxcala desde el año 2021.

A la Secretaría de Gobierno estatal se le pidió tome contacto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y con Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para que se informe a la familia del imputado y al Congreso del Estado, sobre las razones que originan un nuevo juicio contra Pedro.

También se le pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a que vigile que en la causa penal que se sigue contra el citado joven guanajuatense se cumpla con los preceptos constitucionales en la materia, en especial el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

Finalmente se solicita a la Procuraduría General de Justicia y al Poder Judicial, ambos del Estado de Tlaxcala para que garanticen el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia, en especial el debido proceso y la presunción de inocencia.

El punto de acuerdo tiene su origen en una propuesta de obvia resolución realizada por el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA.

Al hacer uso de la tribuna, el congresista recordó que el 5 de septiembre de 2021, Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, oriundo de San Felipe, Guanajuato, fue detenido por autoridades ministeriales y un día después, 6 de septiembre, fue llevado a Tlaxcala, acusado del homicidio por una persona que hasta la fecha no se ha localizado.

Argumentó que el día que se le acusó de asesinato estuvo en León, según consta en la firma del libro de entradas y salidas de una institución que ha testimoniado su presencia en tal fecha, y cuya firma certificada por la especialista en grafología ha sido presentada como descargo de prueba por la abogada defensora, pero los jueces la han desestimado sin fundamentar su decisión con algún argumento sólido.

Después de señalar que las audiencias tenidas hasta el momento han estado plagadas de irregularidades, el congresista mencionó que la familia de Pedro les comunicó que el juicio había sido declarado nulo y aunque se tenía la posibilidad de declarar la nulidad sólo en las pruebas presentadas por la parte acusadora, se eligió el camino revictimizante de iniciar de nueva cuenta el proceso, con otros jueces.

“Nos parece más que urgente la necesidad de retrotraer el caso y aumentar la intensidad del reclamo de justicia ante este hecho revictimizante; no bastó con las irregularidades del proceso sino ahora se comienza desde cero con la nulidad del juicio”, finalizó el legislador.

La obvia resolución fue aprobada.

Al hablar a favor de la propuesta, la congresista Angélica Casillas Martínez señaló que siempre se pronunciarán para que la procuración e impartición de justicia se aplique conforme al marco constitucional y legal.

Señaló que como se indica en la propuesta en discusión, el joven Pedro Francisco ha transitado por un sinfín de irregularidades dentro del proceso durante casi tres años, donde finalmente apenas hace unos días se declaró la nulidad del juicio; sin embargo, lejos de obtener su libertad inmediata, se abrió la posibilidad de reiniciar el proceso de nueva cuenta.

“Dadas las circunstancias, nos sumamos al presente exhorto para exigir que a Pedro Francisco se le brinde un proceso bajo los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada, inmediación que todo proceso penal debe revestir, pero sobre se garanticen sus derechos humanos”, enfatizó Casillas Martínez.

Finalmente, externó su confianza en que las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia del Estado de Tlaxcala actuarán en sus procesos con debida diligencia y que sus determinaciones se apegarán al marco jurídico y al estado de derecho.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

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