Malú llama a diputados del PAN a legislar despenalización del aborto desde los principios de laicidad.

León, Gto. 28 mayo 2025. (Al Instante).- La senadora de la República Martha Lucía Mícher Camarena y las organizaciones civiles Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Ddeser y GIRE, hicieron un llamado a diputados del Congreso del Estado de Guanajuato para votar en favor de la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad, toda vez que la bancada del PAN ha intentado de manera reiterada archivar la propuesta.

La Senadora y los activistas enfatizaron en que la decisión legislativa sobre el aborto se debe hacer desde los principios del estado laico, los derechos humanos y la ciencia, no desde los prejuicios, el miedo y la desinformación.

Apuntaron que el aborto debe entenderse como un asunto de salud pública y no como un dilema moral.

Por su parte, Mícher Camarena exhortó a la gobernadora Libia Dennise a respaldar esta propuesta legislativa en favor de los derechos de las mujeres y la llamó a ser congruente con su compromiso con las mujeres y los derechos humanos.

La senadora apuntó que, al no reconocer desde el legislativo local el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el congreso está incurriendo en un agravio comparado, es decir, cuando una persona o grupo es tratado de manera diferente a otros en circunstancias similares, lo que genera desigualdad e injusticia.

Maribel Luna, Enlace de Incidencia Política de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló que, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 a Junio de 2024, al menos 560 mujeres de Guanajuato viajaron a la Ciudad de México para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito.

Por esta razón, señaló la activista, la despenalización del aborto es un paso necesario para erradicar la criminalización del derecho a decidir, pero también erradicar la discriminación que viven las mujeres por el sólo hecho de ser guanajuatenses.

Patricia López, coordinadora Nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), señaló que, al no despenalizar el aborto, en Guanajuato se perpetúan las desigualdades, la violencia institucional y un Estado que niega la autonomía de las personas.

López señaló que el Congreso de Guanajuato se mantiene ajeno al reconocimiento de este derecho y a las resoluciones de la Suprema Corte en la materia.

Apuntó que las y los legisladores conservadores se oponen a este derecho con argumentos sin sustentos y anteponen sus convicciones personales sobre la salud y dignidad de las personas.

«Exigimos al congreso que se legisle con base a derechos humanos, evidencia científica y en el marco de la justicia social. El aborto no es una concesión sino un derecho que salva vidas. Guanajuato no puede seguir siendo cómplice y mantenerse al margen de los derechos sexuales y reproductivos», expresó.

Por su parte, Francisco Cué, responsable de Vinculación Legislativa de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), enfatizó que los congresos locales están obligados a reformar sus leyes penales para eliminar los delitos relacionados con el aborto.

El activista señaló que la Suprema Corte de Justicia ha indicado la necesidad de abandonar el uso del derecho penal para regular quién, cuándo y bajo qué circunstancias se puede acceder al aborto.

Asimismo, Cue señaló que la Suprema Corte ha establecido que los congresos locales no pueden determinar el momento en que se inicia la protección del derecho a la vida.

El pasado 9 de mayo inició en el Congreso de Guanajuato la discusión en torno a la despenalización del aborto; no obstante, el PAN ha buscado archivar las iniciativas votando en sentido negativo en las comisiones.

La iniciativa presentada por Morena busca modificar el Código Penal de Guanajuato y otras leyes estatales para eliminar la sanción penal por abortar durante las primeras 12 semanas.

La propuesta de reforma albergada en el voto particular redefine el delito de aborto como interrupción del embarazo después de la semana 12, excluye de sanción los casos por violación y riesgo a la salud, incrementa sanciones para el aborto forzado y establece medidas contra personal médico que sea partícipe de un aborto forzado.

Será este jueves 29 de mayo cuando el congreso local vote si en Guanajuato se reconoce o no el derecho a la interrupción legal del embarazo.