Diputados de Morena propondrán reforma para evitar influyentismos en nombramientos del PJ y TJA.
Guanajuato, Gto. 26 junio 2024. (al Instante).- Diputados locales de Morena, anunciaron que para la próxima legislatura la bancada de Morena presentará una iniciativa para que los próximos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial de Justicia de Guanajuato e incluso jueces de partido, sean elegidos por voto popular.
Lo anterior, manifestaron, en congruencia con las iniciativas de reformas constitucionales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que se busca es acabar con los privilegios, con el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo y la corrupción que se da en estos órganos institucionales. Lo mismo se va a pretender aquí en Guanajuato, por la vía democrática y que el pueblo sea quien elija a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Guanajuato y eso implicaría que se lleve a cabo una elección que sería tentativa en el año 2026”, precisó Ernesto Prieto Gallardo.
Agregó que con esto se dejaría de politizar la justicia con el pago de favores en Guanajuato y puso como ejemplo la propuesta del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para nombrar a Eduardo López Mares, como consejero del Poder Judicial.
“Lo mismo sucede en el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde es común privilegiar el perfil de personajes vinculados al poder político local, sobre todo el de perfiles técnicos en la materia administrativa y fiscal”, refirió.
“Es evidente que Vicente Esqueda no es propuesto como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa gracias a sus cualidades técnicas, sino que están premiando su pésima labor como defensor de los derechos humanos en Guanajuato. Y qué decir de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, quien ni siquiera cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese puesto, pues es evidente su trayectoria y experiencia en otros ámbitos del derecho”, subrayó.
RECHAZAN INTENTONA DE CONCESIONAR AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO.
Por su parte el diputado Ernesto Millán Soberanes, se refirió al reportaje publicado por el periódico a.m en donde el pasado 23 de mayo de 2024, el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, publicó la convocatoria para licitación pública internacional para el otorgamiento de una concesión para llevar a cabo el diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la autopista Silao-San Miguel de Allende y el aprovechamiento del activo para la rehabilitación, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la autopista Guanajuato-Silao.
“La convocatoria firmada por quien fuera secretario particular de Felipe Calderón, precisa que la concesión tendría una duración de 30 años. Pese a que no se han hecho públicas las proyecciones económicas de la autopista Silao-San Miguel de Allende, sí contamos con datos de la Guanajuato-Silao que nos permiten visualizar la magnitud del negocio al amparo del poder público que se está llevando a cabo”, sostuvo.
La autopista de cuota Guanajuato-Silao, ha supuesto ingresos que para este año superarán los 260 millones de pesos anuales, mientras que su costo de operación y mantenimiento es de apenas 53 millones de pesos a precios vigentes. Esto supone ingresos, sólo por esta autopista, superiores a los 200 millones de pesos anuales con valores de este año”, apuntó.
Dijo que lo anterior, implica utilidades que rondan lo equivalente a 6 mil millones de pesos durante las siguientes tres décadas tan sólo por una de las dos autopistas. Esto, sumado al proyecto de la nueva carretera Silao-San Miguel de Allende y hacen evidente el interés de Diego Sinhué para generar nuevos negocios al amparo del poder público en el ocaso de su sexenio.
Finalmente, el congresista Ernesto Millán dijo que en la sesión de Pleno del jueves, el Grupo Parlamentario de Morena, presentará un exhorto al Gobernador del Estado, para que suspenda la licitación pública internacional número GTO/SICOM/CON-CAR/01-2024, hasta en tanto se acredite la necesidad de llevarla a cabo en función del interés general.